Cinco ejes principales hacen a la Construcción Democrático Institucional propuesta por el Movimiento Sin Miedo: 1. Restablecimiento y Vigencia plena de las libertades y los Derechos Humanos; 2. Independencia y coordinación de los Órganos del Poder Público; 3. Compatibilización del Estado Plurinacional con el concepto y contenidos de República; 4. Continuidad de la deliberación ciudadana y del proceso constituyente, y 5. Ética en la función pública y servicio a la comunidad.
La nueva institucionalidad democrática tiene que fortalecer y revalorizar el estado de derecho, la libertad, el pluralismo, la legalidad democrática y el protagonismo ciudadano, al tiempo que garantiza la eficiencia, la transparencia y la eficacia de la administración pública y de toda la estructura estatal al servicio de la comunidad, a quien le rinde cuentas y de la que es objeto de control.
La nueva Constitución Política del Estado y el desarrollo legislativo deben compatibilizar y armonizar el concepto de Estado Plurinacional con el de República en el sentido estructural de garantizar y consolidar la independencia y coordinación de los órganos de poder, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la participación plena de los ciudadanos en el desarrollo de la democracia representativa, directa y comunitaria, como única fuente de poder y de gobierno.
Parte esencial de una Construcción Democrático Institucional es mantener vivo el espíritu constituyente de nuestra comunidad para seguir encarando las grandes reformas estructurales e institucionales de manera democrática. En ese sentido planteamos la continuidad del proceso constituyente no solo para la proyección legislativa, sino para mantener y desarrollar la deliberación ciudadana para la construcción de verdaderos consensos nacionales, el perfeccionamiento y la reforma de la Constitución Política del Estado y las subsecuentes estructuras estatales.
Una dimensión del desarrollo institucional es la democracia real en la organización del Estado. Ello implica una explícita negación a toda forma de hegemonismo, de patrimonialismo y de caudillismo desde los aparatos del Estado y del gobierno, contrarios a la renovación y alternancia democrática, y a la independencia de los órganos de poder estatal. Ello supone, asimismo y necesariamente, un combate frontal a la corrupción y al prebendalismo, como parte central del establecimiento de la ética y del concepto de servicio en todos los niveles de la administración política.
La otra dimensión es el funcionamiento y desarrollo de capacidades de planificación, dirección y administración de la cosa pública. Para esto es necesario desterrar las redes clientelares y partidocráticas que generan la crónica burocracia, ineficiencia, improvisación y corrupción en el Estado. Debemos racionalizar y abrir la administración pública a los ciudadanos más capaces y formar a otros para responsabilizarse del servicio a la comunidad; esto implica capacitación, investigación y planificación a mediano y largo plazo en la formación de capacidades administrativas y estatalidad democrática, responsable, transparente y eficaz.
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