El Tribunal
Supremo Electoral (TSE) se negó a entregar el padrón electoral completo a
los
partidos políticos, contraviniendo flagrantemente la Ley 018, y no
se pronunció sobre la grosera utilización de instituciones y bienes
públicos en
la campaña del presidente candidato Evo Morales. El TSE todavía no presenta datos oficiales de la votación, y muchos comentan que los vocales están "cocinando" actas para garantizar los dos tercios al partido oficialista. Un investigador de la
Flacso no descartó que el MAS logre nuevamente una cómoda victoria, pero con “fraude
electoral”.
De manera ilegal y arbitraria, el TSE se negó a entregar el padrón electoral a los partidos políticos, pese a que el artículo 79 de la ley 018 del 16 de junio de 2010 determina que el padrón es un documento público y que los partidos tienen derecho a acceder a una copia digital con información estadística.
Los vocales
del TSE Dina Chuquimia y Ramiro Paredes explicaron que no entregarían el padrón
electoral a los partidos políticos con el fin de preservar la privacidad de los
ciudadanos, aunque anunciaron que el 10 de septiembre se publicarían datos
estadísticos generales, no biométricos, de los habilitados para votar.
“Está claro
que los vocales han leído al revés” el artículo 79 de la norma, y también los
artículos 98 y 99, los cuales establecen que se hará una actualización
permanente del padrón con la depuración de las personas fallecidas y a las que
le suspendieron derechos ciudadanos por sentencias ejecutoriadas, además de la
inclusión de mayores de 18 años y de los votantes que cambiaron de domicilio,
replicó Del Granado.
El candidato
del MSM recalcó que los partidos tienen todo el derecho a conocer datos básicos de los
votantes como el nombre, la fecha de nacimiento, el grado de instrucción y el
domicilio, y los vocales del TSE “tienen que cumplir la ley, no nos están
haciendo un favor, la confidencialidad no puede ser enemiga de la transparencia
y la confiabilidad”.
Del Granado exigió conocer los datos del padrón electoral porque “estamos cansados
de que voten muertos, de que se habilite a inhabilitados y de que el gobierno
haga votar dos veces a miles de personas que cambiaron de domicilio”.
El
“ocultamiento” de datos centrales del registro de votantes actualizado es una
“señal peligrosísima” para la población: “¿Qué cosa están ocultado, el número
de fallecidos, los nuevos votantes? Miren la susceptibilidad que generan, no
solo poniendo en riesgo la credibilidad democrática sino también exponiéndose a
un enjuiciamiento penal”, dijo Del Granado.
A fines de septiembre se supo finalmente qué estaba ocultando el TSE. Luego de realizar una revisión rápida del Padrón Electoral y de la lista de los difuntos sepultados en el Cementerio General de La Paz en las gestiones 2012, 2013 y 2014, el MSM descubrió que al menos 326 difuntos estaban habilitados para votar el 12 de octubre.
Los muertos votantes fueron hallados “solamente en uno de los 12 cementerios que hay en la ciudad de La Paz; no se revisaron los registros de los cuatro o cinco cementerios de El Alto y de la treintena de cementerios del país”, aclaró el candidato del MSM, lo que significa “que nos han entregado un padrón sin depurar” y que el árbitro hizo resucitar a los muertos para que aparezcan con la camiseta del MAS en las elecciones.
El TSE socapa la campaña ilegal del MAS
Una interrogante adicional que menoscaba la imagen del árbitro electoral es por qué no se pronunció sobre la “grosera” campaña oficialista financiada con dinero público. A lo largo de la campaña proselitista, el candidato inconstitucional Evo Morales utilizó la publicidad de todas las instituciones del Estado, de las empresas, los ministerios y gobernaciones, para desplegar una ofensiva campaña promocional de su propio rostro.
A fines de septiembre se supo finalmente qué estaba ocultando el TSE. Luego de realizar una revisión rápida del Padrón Electoral y de la lista de los difuntos sepultados en el Cementerio General de La Paz en las gestiones 2012, 2013 y 2014, el MSM descubrió que al menos 326 difuntos estaban habilitados para votar el 12 de octubre.
Los muertos votantes fueron hallados “solamente en uno de los 12 cementerios que hay en la ciudad de La Paz; no se revisaron los registros de los cuatro o cinco cementerios de El Alto y de la treintena de cementerios del país”, aclaró el candidato del MSM, lo que significa “que nos han entregado un padrón sin depurar” y que el árbitro hizo resucitar a los muertos para que aparezcan con la camiseta del MAS en las elecciones.
El TSE socapa la campaña ilegal del MAS
Una interrogante adicional que menoscaba la imagen del árbitro electoral es por qué no se pronunció sobre la “grosera” campaña oficialista financiada con dinero público. A lo largo de la campaña proselitista, el candidato inconstitucional Evo Morales utilizó la publicidad de todas las instituciones del Estado, de las empresas, los ministerios y gobernaciones, para desplegar una ofensiva campaña promocional de su propio rostro.
En octubre de 2013, el Presidente Morales instruyó a los empleados públicos dedicar
el 50% de su tiempo a la campaña proselitista. “No es solamente una
afrenta al artículo 126 de la Ley Electoral, sino sobre todo un
desconocimiento a la Constitución Política del Estado. El artículo 235 de la Carta
Magna establece la prohibición para todo funcionario público de realizar
campañas, pues el servidor público es eso, un servidor de la
comunidad. Lo que queda claro es que el Presidente candidato se ha
mostrado claramente como el propietario y dueño del aparato del Estado”,
deploró Juan Sin Miedo.
El 13 de enero de este año, Unidad Nacional (UN) solicitó al TSE que prohíba a Evo Morales y Álvaro García Linera utilizar bienes públicos en actividades partidarias, y que establezca las sanciones que correspondan por haber iniciado campaña antes del plazo establecido. Sin embargo, el 5 de febrero el TSE declaró “improbada” la denuncia de UN, argumentando que se entiende por propaganda electoral todo mensaje difundido con el propósito de promover organizaciones políticas y candidaturas, exponer programas de gobierno y solicitar el voto.
Con relación a la supuesta vulneración de prohibiciones electorales para servidores públicos, “el denunciante no ha demostrado que los denunciados hayan utilizado bienes públicos, movilidades de uso de la Presidencia o la Vicepresidencia, el avión presidencial o helicópteros”, consideró el TSE.
También en enero de este año, el ciudadano Amilcar Barral Barral presentó al TSE una denuncia en contra del MAS por hacer campaña proselitista antes de la convocatoria oficial para los comicios, en actos de proclamación de los candidatos oficialistas en la ciudad de Camiri y en el distrito minero de Huanuni.
La Sala Plena del TSE determinó que el acto en Camiri fue organizado por los trabajadores petroleros y sobre lo sucedido en Huanuni alegó que ninguno de los recortes de periódico presentado por el denunciante hace mención directa o indirectamente a la supuesta realización de campaña; “lo único que refiere el recorte de prensa es un anuncio del Secretario del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, de una futura suscripción de alianza con el MAS, anuncio (que) no constituye ninguna falta electoral”, manifestó el TSE.
“De acuerdo a los argumentos expuestos en esta instancia, toda falta es atribuible a las Organizaciones Políticas y de acuerdo a la denuncia presentada, no se tiene prueba que demuestre que el MAS hubiese realizado actos de propaganda o en campaña electoral”, remarcó el Tribunal en su fallo.
El MSM también presentó un recurso de amparo constitucional, pero el TSE aún no ha tratado la demanda y los vocales no han dicho absolutamente nada. Contradictoriamente, el TSE es extremadamente eficiente y drástico cuando un candidato opositor comete un pequeño desliz.
Las
actitudes del TSE generan enormes dudas en los partidos y afianzan en la mente
de la población el carácter poco transparente y posiblemente parcializado del
árbitro electoral. En ese marco, “vamos a exigir de manera mucho más radical
que nos entreguen el padrón y si no hay respuesta vamos a ir a las acciones de
cumplimiento, y de repente vamos a optar por acciones legales”, advirtió Juan Sin
Miedo.
Temen un “monumental
fraude” en Bolivia
En febrero
de 2014 el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso) y del Instituto de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA)
Fernando Bazúa dijo a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que se consumaría un “monumental fraude electoral” en las
elecciones presidenciales de este año.
Bazúa basó
su afirmación en su estudio “La Danza de las Cifras” realizado en las
elecciones del 2009, el cual evidencia un inusual crecimiento del padrón electoral.
La investigación describe cronológicamente cómo el gobierno del MAS logró incrementar
el número de electores en apenas 26 días antes del cierre del empadronamiento,
lo que le habría permitido ganar los comicios con más del 60% de votos. (ver http://www.hacer.org/pdf/Bazua00.pdf)
Según el
investigador de la Flacso, el 7 de septiembre de 2009 el Presidente Morales pidió llegar
a 5 millones de inscritos, pero hasta el 9 de septiembre se registraron apenas 2,5
millones de personas, precisó el entonces presidente de la Corte Nacional
Electoral (CNE) Antonio Costas.
En apenas 13
días, es decir hasta el 22 de septiembre de 2009, los inscritos en el padrón sumaron
3.568.906 personas. “El crecimiento del padrón fue de 1.043.378, rebasando la
proyección de la extinta CNE con 51.640 registros; el fin era aproximarse a la
meta impuesta por Morales de cualquier forma”, dedujo Bazúa.
Hasta el 12
de octubre de 2009 se habían inscrito ya 4.561.300 bolivianos, informó el entonces
coordinador del Padrón Biométrico de la CNE Luis Pereira, y tres días después Costas reveló que ya había 4.829.939 empadronados. El 16
de octubre de 2009, el último día de inscripción, la CNE reportó 4.883.379 inscritos,
y el 23 de octubre el ente electoral informó que el biométrico cerró con
5.088.924 de empadronados, es decir 205.545 personas más después del cierre de la inscripción.
El
investigador de la Flacso recordó que el 24 de noviembre de 2009 la CNE publicó
los datos depurados del Padrón Biométrico con un total de 5.138.538 habilitados
para votar. “Como si el padrón tuviera vida propia, siguió creciendo y la
depuración incremento en 49.614 el número de empadronados. Primera vez en la
historia mundial que hay una depuración expansiva”, ironizó Bazúa.
De esta
manera el estudio del investigador de la Flacso puso en evidencia la “ingeniería
del fraude” que mostraría todo su poder el 6 de diciembre de 2009, cuando el Presidente
Morales ganó las elecciones con 2.943.209 votos.
“Ninguna de
estas irregularidades se han subsanado, la misma tecnología, el mismo padrón y
toda esta contaminación de 2009 será usada en 2014, y por lo tanto el fraude
será no solo replicado sino amplificado. En su momento, otros expertos
internacionales como el brasileño Torquato Jardim, que llegó a Bolivia
invitado por el Centro Carter, observaron este despliegue organizado del fraude
electoral”, apuntó Bazúa.
Bazúa alertó que en caso de no realizarse un cambio substancial en el TSE habrá un “fraude
electoral” en octubre de 2014, y el Presidente candidato logrará nuevamente una cómoda victoria.
Según Lazarte, que haya personas registradas
en el Padrón Biométrico y que no estén en el Sereci significa que “hay personas
que tienen muchos carnet de identidad con varios registros y que en el registro
civil tienen una sola partida de nacimiento.Con todas estas dudas tenía que haberse hecho auditoría
de tal modo que si yo me inscribo en Cochabamba, en una zona, no pueda votar en
otra zona distinta ni en la provincia ni en otro departamento, y en cuanto
aparezca mi huella digital automáticamente anula a la otra; hasta donde yo sé
esa depuración no ha sido hecha”.
Revelan que hay medio millón de electores no inscritos
El domingo 5 octubre, una semana antes de los comicios, el ex vocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte reveló que existen unos 500 mil
electores que no fueron inscritos en el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y
que desde 2009 figuran en el Padrón Biométrico.
“En 2009, cuando salió el Padrón Biométrico por primera vez,
la Corte Electoral de ese entonces publicó listas en cada departamento de
aproximadamente 500 mil registros que no tenían certificado de nacimiento, no
estaban en el registro civil, entonces se les pedía que vayan a regularizar su
situación, porque cómo puede ser que estén en el Padrón Biométrico y no estén
en el Registro Civil”, señaló la ex autoridad en una entrevista con la red Erbol.
Lazarte aseguró que irregularidad nunca fue corregida: “Hubo tanta gente que hizo colas, que la Corte de ese
entonces fue rebasada y dijo ‘vayan todos a votar’ y eso nunca se ha resuelto,
por eso era necesario la auditoría que nunca se quiso hacer, no es que no hubo
tiempo…, entonces qué sentido tiene ahora hacerlo después de estas
elecciones”, apuntó.
Lazarte advirtió que esos 500 mil
electores representan aproximadamente un 10% del total de votantes,
casualmente el porcentaje que el partido de gobierno necesita para ganar las elecciones con un
74% como lo viene anunciando. “El gobierno quiere
llegar al 74 por ciento, y todas las encuestas le están dando hasta el 60 por
ciento, (entonces) ¿De dónde saca el 10 por ciento?”, se preguntó.
Los
observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrían que
pronunciarse sobre las denuncias en curso, y también actuar de oficio frente a
un poder tiránico que, al parecer, está queriendo someter a todos los niveles
del gobierno, especialmente al TSE.
Lento recuento de votos
El TSE prometió que difundiría los primeros resultados de las elecciones el mismo 12 de octubre, pero hasta el momento solo ha escrutado un poco más del 50% de los sufragios. La legislación electoral otorga a los tribunales departamentales un plazo de siete días para presentar informes al TSE, y éste tiene cinco días más para presentar datos finales.
Lento recuento de votos
El TSE prometió que difundiría los primeros resultados de las elecciones el mismo 12 de octubre, pero hasta el momento solo ha escrutado un poco más del 50% de los sufragios. La legislación electoral otorga a los tribunales departamentales un plazo de siete días para presentar informes al TSE, y éste tiene cinco días más para presentar datos finales.