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30 de septiembre de 2014

Tres propuestas sin miedo para desinfectar el Órgano Judicial

La Justicia boliviana siempre ha sido un botín político, pero en los últimos años ha caído en el más profundo pozo del descrédito debido a la descarada intromisión del Poder Ejecutivo. Prueba de ello es el intento del MAS de iniciar un juicio de responsabilidades en contra de tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que no se someten a sus designios. Para hacer un verdadero saneamiento del Órgano Judicial, el candidato a la presidencia del Movimiento Sin Miedo (MSM) propone crear una Comisión de Justicia encargada de evaluar a todos los funcionarios y revisar todos los procesos irregulares, e implantar un gobierno electrónico que elimine los papeleos burocráticos que son la principal fuente de corrupción y exacción a los litigantes.

El MAS alista un golpe contra el TCP para habilitar la reelección indefinida de Evo

El MAS pretende iniciar un juicio de responsabilidades en contra de tres magistrados del TCP que no se someten a los designios del Ejecutivo, para posteriormente sustituirlos por operadores dóciles dispuestos a viabilizar la reelección indefinida del Presidente Evo Morales, denunciaron diputados de las bancadas opositoras Convergencia Nacional (CN), Unidad Nacional (UN) y MSM.

“Hacemos conocer a la población nuestra preocupación por un nuevo intento del MAS y de Evo Morales de aprobar una ley que descabeza al Tribunal Constitucional Plurinacional, y que deja claramente establecido que los operadores masistas, a la cabeza del ex diputado y hoy Procurador General Héctor Arce, pretenden construir un TCP absolutamente obediente a los designios del MAS y a los deseos de Evo Morales de perpetuarse en el poder”, denunció la diputada del MSM Marcela Revollo en una conferencia de prensa conjunta con diputados de CN y UN.

De la noche a la mañana, la Cámara de Diputados agendó el debate de un proyecto de Proposición Acusatoria, presentado por la Comisión de Justicia Plural, en contra de las magistradas Ligia Velásquez y Zoraida Chanez por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, aunque la oposición asegura que se trata de una represalia porque las acusadas suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado.

Los magistrados Gualberto Cusi, Chanez y Velásquez no obedecen la línea política del Presidente y el castigo es persecución, amedrentamiento y juicios, dijo Revollo. Según el diputado Alex Orozco de CN, el oficialismo abusa nuevamente de su mayoría y una vez más actúa como el “verdugo de la democracia” con un juicio de responsabilidades ilegal contra dos magistradas rebeldes.

“Esta es la demostración de cómo el gobierno persigue y amedrenta no solo a opositores, sino también a las autoridades judiciales que no estuvieron de acuerdo con la re reelección, y que no están de acuerdo con el manipuleo y la injerencia política en la administración judicial. Ahora entendemos por qué el Vicepresidente Álvaro García Linera, de manera arbitraria, abusiva y unilateral, ha decidido suspender el receso parlamentario, porque tenía la intención política concreta de eliminar a los magistrados del TCP que no están en la línea del Presidente Morales”, fustigó Orozco.

Luego de solidarizarse con las magistradas asediadas por el Ejecutivo, el diputado José Luis Gantier explicó que el Poder Ejecutivo no se anima a hostigar directamente a los magistrados y usa a la Asamblea Legislativa para presionar al TCP; “necesitan libertad para tomar decisiones y proteger el estado de derecho, pero no pueden siquiera resolver un fallo cuando ya están siendo presionados por el Ejecutivo”.

Orozco reveló que la mañana del lunes el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Comisión de Justicia Plural presentó al pleno de la Cámara de Diputados el informe de proposición acusatoria. El informe llegó en paquete y “con cinta azul” desde el Ejecutivo, específicamente desde la Procuraduría del Estado a cargo del señor Héctor Arce Zaconeta, quien “hace injerencia directa del Ejecutivo en el Órgano Judicial. Se trata de un hecho político para descabezar al TCP, someter a la justicia y romper la democracia”, criticó el legislador opositor.

Por si fuera poco, Orozco informó que en la Comisión de Justicia se tienen al menos 240 casos entre juicios de responsabilidades y otro tipo de procesos, de los cuales 10 tienen imputación. Lo curioso es que el último caso que ha llegado a la Comisión este mes es el juicio de responsabilidades contra los magistrados, pero es el primero en ser procesado, y en menos de una semana.

Según la diputada Revollo, lo que queda claro con esta decisión es que el MAS y Evo Morales admiten que no tendrán dos tercios de voto en la próxima asamblea plurinacional y por ello requieren hoy tener un TCP que garantice la reelección indefina de Evo Morales mediante la modificación de la Constitución, no por vías constitucionales sino por arbitrarias interpretaciones de la Carta Magna.

El MAS profundiza la crisis judicial

La democracia boliviana esta en serio riesgo porque uno de sus pilares, la Justicia, esta siendo manipulada descaradamente por el Poder Ejecutivo. La mañosa elección de autoridades judiciales serviles al gobierno, preseleccionadas por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, y la reciente suspensión de dos magistradas rebeldes son solo dos indicadores de la “deformación de una de las instituciones democráticas más importantes y del grado de desquicio al que hemos llegado”, expuso el candidato a diputado plurinominal del MSM Edwin Herrera en una entrevista con la periodista Amalia Pando de la red Erbol.
Herrera explicó que el problema mayor de la Justicia boliviana que no se ha resuelto en los 180 años de vida republicana es el copamiento del poder político. El gobierno de Evo Morales tenía la oportunidad histórica de superar esa fractura ética institucional, pero en lugar de revalorizar y transparentar las instancias judiciales para ponerlas al servicio gente, los burócratas de turno “se han loteado el Ministerio Público” y continúan administrando la Justicia como un botín político.

El procurador del Estado Héctor Arce “está haciendo exactamente lo mismo que criticaba”, y en lugar de aprovechar la oportunidad histórica que les ha dado el pueblo, los gobernantes han profundizado la crisis judicial a partir de la elección de magistrados, “fruto del cuoteo del MAS en la Asamblea Legislativa”, afirmó el candidato del MSM.

En criterio de Herrera, el origen del problema fue la reciente restructuración del Órgano Judicial: “El MAS ha preseleccionado a los magistrados y en ese proceso metieron a candidatos afines al gobierno y sacaron a los aspirantes que no seguían la línea del gobierno, como por ejemplo Waldo Albarracín, brillante abogado y destacado activista, ex Defensor del Pueblo y ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. No valoraron la trayectoria de las personas y preseleccionaron a gente que agacha la cabeza, como es el caso de un magistrado suplente que trabajaba en Palacio de Gobierno y que dijo que le parecía bien que se reelija indefinidamente a Evo. Ahí está la madre de cordero”.

Según Herrera, una muestra del grado de desquicio al que estamos llegando en el país es la suspensión de dos magistradas del TCP y la aviesa persecución política al magistrado Gualberto Cusi. “Recuerdo que en el pasado se procesó a los más altos tribunos de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados Oblitas y Pope, porque en una filmación se veía a uno de ellos recibiendo dinero; pregunto si ahora hay algún documento que muestre este tipo de acciones de las dos magistradas (defenestradas), pero no se está juzgando un delito, están juzgando el criterio jurídico de dos magistradas que se oponen a una ley que favorece a una entidad del Estado, en este caso la inconstitucional Ley del Notariado”, criticó Herrera.

Semejante manoseo político de las instancias judiciales tendría que preocupar “no solo los dirigentes políticos sino a la gente común, pues no hay garantía de nada y todos estamos indefensos totalmente”, a merced de jueces y actuarios corruptos y serviles. “Estamos llegando al borde de una anomia social con consecuencias muy graves para la democracia”, advirtió Herrera.

Tres razones para no votar por el MAS

Hay tres razones por las que el pueblo boliviano no debe votar por el MAS, dijo Edwin Herrera. En primer lugar, el gobierno orquesta un golpe contra el TCP a fin de conformar un Tribunal totalmente subordinado a sus intereses.

En segundo lugar, el oficialismo pretende expulsar a los pocos tribunos con criterio jurídico neutro que quedan para reemplazarlos por operadores políticos serviles, como es el caso de Rudy Flores y otros tribunos suplentes que están de acuerdo con la reelección indefinida de Evo Morales. Esa es la movida política de fondo.

En tercer lugar, el MAS quiere descabezar al TCP para dar paso a la apertura de la Constitución con el objetivo no solo de habilitar la reelección indefinida de Evo Morales, sino también para legalizar el cultivo de un cato de coca, es decir la legalización del narcotráfico.

No queda duda alguna de que el gobierno del MAS “se aplazó en la reforma del Órgano Judicial con la preselección cupular de los magistrados, organismos técnicos y operadores de justicia, y lo que corresponde ahora es cambiar de gobierno y entregar esta responsabilidad a la gente que está dispuesta a sanear la justicia con firmeza y sin limitaciones”, afirmó Herrera.

Por lo pronto, precisó Herrera, la prioridad debe ser acabar de una vez con los interinatos y elegir, como manda la Constitución, a un Fiscal General titular que no esté a expensas de las “llamaditas de los ministros y de Palacio, y que dé garantías al pueblo”. Además, hay que exigir que se cumplan las leyes y los plazos procesales: “No puede ser que a casi tres años de la represión de Chaparina recién se tomen declaraciones a las víctimas, otra prueba de la intromisión política descarada en la Justicia”.

Tres propuestas sin miedo para salvar a la Justicia

El candidato a diputado del MSM aseguró que el futuro gobierno de Juan Del Granado hará un verdadero saneamiento del Órgano Judicial con tres acciones concretas:

1. Juan Sin Miedo evaluará de manera minuciosa a todo el personal del Poder Judicial, desde los magistrados, fiscales, jueces y actuarios hasta el último operador. Todos los corruptos serán echados.

2. Juan creará una Comisión de Justicia integrada por personalidades del ámbito jurídico para evaluar todos los procesos en curso y donde encuentre aviesa intencionalidad política declarará amnistía general de los encausados.

3. Juan implantará un sistema de control absoluto para que la gente deje de tener contacto con los actuarios y otros funcionarios judiciales. Su plan es pone en funcionamiento un gobierno electrónico que reemplace al papeleo burocrático, principal fuente de exacción a los litigantes.

Cuando fue Alcalde de La Paz Juan Del Granado demostró que puede erradicar la corrupción, y ahora sabe perfectamente lo que hay que hacer para salvar a la Justicia de la podredumbre. Herrera reiteró que Juan hará un verdadero saneamiento con jueces y fiscales honestos e independientes para que la justicia llegue a todos, y “no le temblará la mano ni lo pensará dos veces”.

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