(Roger Cortez Hurtado) La necesidad de simplificar o resumir es imperativa en muchas ocasiones, pero puede hacerse nociva, cuando esconde u oscurece la variedad de lo real. Así ocurre con el uso de la expresión proceso de cambio, que se ha convertido en sinónimo obligado del gobierno o del partido que lo controla.
Se trata, obviamente, de una representación mental, depauperada en extremo, de lo que está pasando en nuestro país, donde, en realidad, fluyen y discurren un conjunto complejo, complicado y contradictorio, de transformaciones y movimientos, algunos muy relacionados, pero otros poco y nada, con el espacio político y menos todavía, con el gubernamental.
Cuando se entiende y emplea la frase “proceso de cambio”, como marca, propia-exclusiva, de un partido político y de sus hazañas o fechorías, contribuimos a que prolifere la confusión. Si se observa por ejemplo, lo que pasa con el Fondo campesino e indígena puede notarse que la discusión entre los partidos políticos se ocupa unilateralmente de la influencia que ejerce el MAS sobre la institución y los directores provenientes de las organizaciones sociales llamadas a conformarlo. En ese espacio de choque los hombres del régimen se apertrechan en la defensa de “EL proceso de cambio” que, en sus ideas y acciones, equivale al partido de gobierno, mientras que bastantes opositores, cayendo en el juego, terminan acusando “al proceso” de estar tan torcido y degradado como la militancia oficialista.
Con toda la importancia que tienen las decisiones políticas, el fondo del Fondo abarca más. Las principales determinaciones gubernamentales y conceptos ideológicos que han favorecido e incluso impulsado el uso discrecional de fondos por parte de dirigentes de organizaciones sociales se remiten a las ideas de “gobierno de los movimientos sociales”, “estado integral” y la supuesta indiferenciación de lo indígena y lo campesino.
Lo primero se usa para revestir de una presunta santidad a las autoridades y su gestión, al refugiarse tras el prestigio que alcanzaron organizaciones y movimientos; de allí que el Vice exclama histriónicamente “¡No me los toquen!” (a organizaciones y movimientos) cuando alude a las investigaciones sobre lo que pasó en el Fondo. Pero, en otras ocasiones el mismo funcionario y sus colegas no vacilan en favorecer la confrontación entre organizaciones (colonizadores vs. indígenas en el TIPNIS) y el azuzamiento de sus choques internos, cuando así lo dictan sus intereses.
La idea de una presunta amalgama entre estado y sociedad, llamada “Estado integral”, trata de crear una ilusoria fase de transición política en la que el primero se disolvería en la segunda, gracias a la participación y cuotas que el gobierno otorga a dirigentes de organizaciones, incluyendo la laxitud de controles reales y la actuación de los ministros en el Fondo campesino, para asegurar su respaldo a la gestión. El nombre correcto de esa situación es un gobierno representativo de las corporaciones más poderosas –por número de asociados e incidencia económica- cuando pugnan con otras menos aventajadas.
Tal situación ciertamente empeorará una vez que el jefe de Estado dice creer que la independencia de las organizaciones es una consigna del imperio, que el neutralizará administrando personalmente la concesión de personerías jurídicas, tras la estrategia de liquidar cualquier vestigio de autonomía sindical y social.
Por otro lado, las diferencias entre campesinos e indígenas, no son un invento político y se han profundizado como parte de los cambios económicos, caracterizados por una difusión y fortalecimiento acelerados del capitalismo, independiente de los discursos y declaraciones contrarias.
El incremento de la crispación entre la mayoría campesina y la minoría indígena obedece a un proceso con su propia dinámica, que resulta difícil de abordar desde la ficticia unidad que hoy se aplica.
Cuando Damián Condori, candidato opositor en Chuquisaca, se posesionaba como ejecutivo máximo de la CSUTCB y sostenía “(los campesinos) no somos del MAS, el MAS es de nosotros”, no sospechaba cómo el “instrumento político” iba a cobrarle por denunciar las irregularidades del Fondo y, después, por antagonizarlo en las elecciones regionales. En ambos espacios, se volcarían en su contra las lógicas y dinámicas de más de un proceso y varios cambios.
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