La centralidad que cobra el impulso de los intereses de las nuevas
fracciones dominantes, provenientes de fracciones campesinas
enriquecidas, determina la necesidad de enmiendas legislativas y cambios
constitucionales para abrir el camino a la reelección perpetua, explica
en este artículo el profesor de Ciencias Políticas, Comunicación Social
y Economía de la UMSA Roger Cortez.
Claro cómo queda ahora que el objetivo del MAS en las elecciones de
octubre es abrir el camino a la reelección perpetua, ya que su victoria
en octubre está prácticamente asegurada, es necesario subrayar que sus
planes se proyectan y abarcan mucho más que retener en sus manos la
conducción estatal.
Focalizar la discusión sobre la tendencia continuista del régimen puede, fácilmente, inducir a caer en el error de quienes afirman que las acciones del partido dominante se entienden y limitan a conservar “el poder por el poder”. Suponer que su proyecto se reduce a los deseos personales y grupales de preservar una parcela de dominio y privilegios lleva a desconocer el origen histórico de los cambios que ha ocurrido, a borrar a los sujetos colectivos que lo han protagonizado y a pasar por alto la metamorfosis que ha experimentado la coalición de organizaciones sociales que se impuso sobre el viejo orden.
Abundan las pistas sobre los verdaderos deseos, ambiciones y planes de mediano y largo plazo que mueven a la cúpula oficial, pero se sepultan bajo toneladas de chismes y rumores, que mezclan gestos y ensayos de campañas, con análisis garrapateados a toda prisa y competencia entre medios de difusión para vender noticias.
El bullicioso debate sobre el porcentaje del pago a las transnacionales petrolíferas por buscar nuevas reservas es un ejemplo característico de este tratamiento, por el que se escamotea el acuerdo esencial que existe entre gobiernistas y opositores sobre que no tendríamos otro remedio (con participaciones más grandes o pequeñas, más francas o encubiertas) que depender de ellas para resolver la declinación de nuestros campos, negándose a considerar nuevos enfoques para abordar el problema. El tono y el contenido de la campaña también sirve perfectamente para que se esconda todo lo que el Gobierno dejó de hacer, o hizo mal y a medias, así como el furiosos conservadurismo con el que martiriza a quienes encabezaron la rebeldía de los militares de baja graduación y otros movimientos reivindicativos.
Los ruidosos reproches mutuos ayudan a velar que la reasignación del ex ministro de Gobierno a futuro primer senador por Santa Cruz, pone de manifiesto la misión que encabeza este destacado “operador” de poner en marcha una operación cuyo fin es “abrir” la Constitución no sólo para permitir la reelección, sino para enmendar y, en lo que se necesite, dar marcha atrás algunas de las reformas adoptadas en 2009.
La centralidad que cobra el impulso de los intereses de las nuevas fracciones dominantes, provenientes de fracciones campesinas enriquecidas, determina la necesidad de enmiendas legislativas y cambios constitucionales, que requieren el reclutamiento de candidatos ajenos.
El respaldo legislativo para ejecutar proyectos como la carretera a través del núcleo del TIPNIS, servirá también para que la exploración y, eventualmente, la explotación hidrocarburífera, la ganadería y la agricultura para la exportación penetren y se expandan en varias de nuestras reservas naturales, incrementando seguramente la propaganda sobre la presunta vigencia de un “gobierno de los bosques”.
Además, algunos objetivos de la denominada “agenda patriótica”, es decir las metas que se han fijado para acciones estatales hasta el año 2025, incrementarán la presión que ya ejercen los reiterados reclamos de organizaciones campesinas y de colonizadores para recortar y achicar las TCO de pueblos indígenas, como parte de la ejecución de una contrarreforma a ejecutarse bajo el manto de la ficción legal, social y económica que cubre la trilogía “indígena-originario-campesino•.
Si semejante ambición llega a consolidarse, como parte de lo que se bosqueja como el nuevo programa de los componentes clave del bloque de poder, tendrá que desafiar mucho más que cambios regresivos de la legislación.
La resistencia a ese giro se dará, tal como se presentan hoy las cosas, al margen del sistema de representación vigente que es dependiente o funcional a dicha estrategia.
Focalizar la discusión sobre la tendencia continuista del régimen puede, fácilmente, inducir a caer en el error de quienes afirman que las acciones del partido dominante se entienden y limitan a conservar “el poder por el poder”. Suponer que su proyecto se reduce a los deseos personales y grupales de preservar una parcela de dominio y privilegios lleva a desconocer el origen histórico de los cambios que ha ocurrido, a borrar a los sujetos colectivos que lo han protagonizado y a pasar por alto la metamorfosis que ha experimentado la coalición de organizaciones sociales que se impuso sobre el viejo orden.
Abundan las pistas sobre los verdaderos deseos, ambiciones y planes de mediano y largo plazo que mueven a la cúpula oficial, pero se sepultan bajo toneladas de chismes y rumores, que mezclan gestos y ensayos de campañas, con análisis garrapateados a toda prisa y competencia entre medios de difusión para vender noticias.
El bullicioso debate sobre el porcentaje del pago a las transnacionales petrolíferas por buscar nuevas reservas es un ejemplo característico de este tratamiento, por el que se escamotea el acuerdo esencial que existe entre gobiernistas y opositores sobre que no tendríamos otro remedio (con participaciones más grandes o pequeñas, más francas o encubiertas) que depender de ellas para resolver la declinación de nuestros campos, negándose a considerar nuevos enfoques para abordar el problema. El tono y el contenido de la campaña también sirve perfectamente para que se esconda todo lo que el Gobierno dejó de hacer, o hizo mal y a medias, así como el furiosos conservadurismo con el que martiriza a quienes encabezaron la rebeldía de los militares de baja graduación y otros movimientos reivindicativos.
Los ruidosos reproches mutuos ayudan a velar que la reasignación del ex ministro de Gobierno a futuro primer senador por Santa Cruz, pone de manifiesto la misión que encabeza este destacado “operador” de poner en marcha una operación cuyo fin es “abrir” la Constitución no sólo para permitir la reelección, sino para enmendar y, en lo que se necesite, dar marcha atrás algunas de las reformas adoptadas en 2009.
La centralidad que cobra el impulso de los intereses de las nuevas fracciones dominantes, provenientes de fracciones campesinas enriquecidas, determina la necesidad de enmiendas legislativas y cambios constitucionales, que requieren el reclutamiento de candidatos ajenos.
El respaldo legislativo para ejecutar proyectos como la carretera a través del núcleo del TIPNIS, servirá también para que la exploración y, eventualmente, la explotación hidrocarburífera, la ganadería y la agricultura para la exportación penetren y se expandan en varias de nuestras reservas naturales, incrementando seguramente la propaganda sobre la presunta vigencia de un “gobierno de los bosques”.
Además, algunos objetivos de la denominada “agenda patriótica”, es decir las metas que se han fijado para acciones estatales hasta el año 2025, incrementarán la presión que ya ejercen los reiterados reclamos de organizaciones campesinas y de colonizadores para recortar y achicar las TCO de pueblos indígenas, como parte de la ejecución de una contrarreforma a ejecutarse bajo el manto de la ficción legal, social y económica que cubre la trilogía “indígena-originario-campesino•.
Si semejante ambición llega a consolidarse, como parte de lo que se bosqueja como el nuevo programa de los componentes clave del bloque de poder, tendrá que desafiar mucho más que cambios regresivos de la legislación.
La resistencia a ese giro se dará, tal como se presentan hoy las cosas, al margen del sistema de representación vigente que es dependiente o funcional a dicha estrategia.
Texto tomado de https://www.facebook.com/roger.tezhur?hc_location=timeline
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