El presidente candidato Evo Morales y sus empleados del Poder Judicial reactivaron sorpresivamente el amañado proceso de los Puentes Trillizos para inhabilitar al candidato del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado. Además de tramposo, el candidato del MAS es cobarde porque le tiene miedo a la confrontación democrática de ideas y recurre a triquiñuelas judiciales para anular a sus contrincantes.
En diciembre de 2010, por iniciativa del ex diputado y Contralor del MAS Gabriel Herbas, el ex fiscal General del Estado Mario Uribe presentó una denuncia contra el ex alcalde y principal dirigente del MSM Juan Del Granado por supuestas irregularidades en la construcción de los Puentes Trillizos.
La primera y
única citación a Del Granado para que preste declaraciones ante el Ministerio
Público se emitió el 25 de enero de 2011, “pero la misma fue dejada sin efecto,
pues la Fiscalía, ante el conocimiento de los documentos y decretos firmados
por Evo Morales, presentados por Juan Del Granado, devolvió la denuncia a la
Contraloría, entidad denunciante que no pudo contradecir ni desvirtuar los
documentos, explicaciones y descargos que presentara Juan Del Granado y que
llevaban la firma de todo el gabinete de Evo Morales”, explicó la abogada Aida Camacho.
La abogada del líder del MSM dijo que en estos más de dos años hubo al menos tres fiscales que se hicieron
cargo del caso y en repetidas oportunidades Del Granado se presentó
en la Fiscalía paceña con abundante prueba documental y pidió que se rechace la
denuncia, “petitorios que no merecieron ninguna respuesta hasta la fecha”.
“El gobierno, a través del fiscal General Ramiro Guerrero, reactivó a principios de mayo (de 2013), de manera sorpresiva y extraña, el juicio de los Puentes Trillizos contra Del Granado, habiendo reasignado el caso al fiscal Genaro Quenta, quien emitió una primera citación bajo alternativa de aprehensión para el 13 de mayo, fecha en la que Juan Del Granado estaba en el interior del país”, dijo la jurista.
“Genaro Quenta es un fiscal que por todas las actuaciones
que ha estado realizando nos demuestra una fuerte articulación con el gobierno.
Es el que hace poco ha rechazado varias denuncias de terceros contra
funcionarios de gobierno. Específicamente, estamos hablando de las denuncias
que hizo la senadora Carmen Eva González. (Quenta) desconoce que los peritajes
de las grabaciones puedan ser fidedignas o no. Es decir, (está) muy vinculado
al Órgano Ejecutivo”, sentenció la abogada en contacto telefónico con la Red
Erbol.
Camacho recordó que el fiscal Quenta rechazó “sin hacer ningún acto
investigativo, sin realizar ninguna pesquisa respecto al tema” la denuncia de la defensa de Del Granado contra el “Contralor General por un informe
circunstancial lo que no debía haber dado lugar nunca a un inicio de proceso
penal en este mismo caso”.
El 29 de mayo de 2013, la abogada del MSM denunció la
desaparición del cuaderno de investigación del juicio en contra de Del
Granado. “El 13 de mayo fue citado el doctor Juan Del Granado para hacer su
declaración informativa ante el fiscal Genaro Quenta. Cuando concurrimos para
solicitar una suspensión y que se señale nueva fecha, ya que no estaba acá (en
La Paz) el doctor, quisimos hacer la revisión del cuaderno de investigación y
resulta que el cuaderno de investigación no hay, no existe”, denunció la
abogada en contacto telefónico con la Red Panamericana.
“Resulta que el cuaderno de investigaciones no existe y nos
están convocando para que vayamos a presentar la declaración cuando ningún
justiciable puede concurrir ante autoridad alguna a hacer una declaración
cuando no se sabe cuáles son los antecedentes sobre los cuales tiene que
prestar su declaración (…). Estamos en una situación en que nuevamente se
confirma (que) la persecución política va a ir a través del Ministerio Público
y del órgano jurisdiccional”.
La jurista remarcó que la desaparición del cuaderno de
investigación es un hecho “absolutamente irregular” y que, pese a ello, se ha
citado a declarar a Del Granado vulnerando el derecho fundamental que tienen
todas las personas acusadas de conocer “todos y cada uno de los actuados que el
Ministerio (Público) ha ido recabando a los efectos de dar la mayor información
posible que esclarezca y que permita la averiguación de la verdad histórica de
los hechos”.
“Este hecho nos lleva a la conclusión de que la visita
que recibió la Fiscalía Departamental de dos fiscales de Sucre, mandados por el
fiscal Ramiro Guerrero, ha surtido los efectos que requería… Se ha hecho la
reasignación justamente al fiscal que más sometido se halla al gobierno (Genaro
Quenta) y, claro, a partir de eso, sin tener el cuaderno de investigación nos
comunica el fiscal Quenta que debemos hacernos presentes cuando él mínimamente
debería tener el cuidado de estar con el cuaderno de investigación en mano para
poder convocar a Juan Del Granado”, increpó Camacho.
“Conocemos y sabemos cuál es su actuación”, dijo
refiriéndose a Quenta y ratificó la desaparición del cuaderno de investigación
del caso Trillizos. “No se nos está permitiendo el derecho a la defensa como
debe permitirse a cualquier ciudadano. Una inferencia mía es que alguien más
está revisando el cuaderno para que la persecución política, a través de
la investigación, sea eficiente porque el cuaderno tendría que haber estado con
Ortiz o con Quenta”.
Según Camacho, el
carácter sorpresivo de la citación se dio en un momento caracterizado por un
clima de protestas y agitación social en el país y en lo político, marcado por
una abierta confrontación entre el gobierno y el MSM. “En la
localidad de Punata, el presidente Evo Morales acusó públicamente al MSM de ser
parte de una supuesta conspiración y golpe de Estado, culminando así una serie
de acusaciones que hicieron parlamentarios y gobernadores del MAS, tratando de
ligar a Juan Del Granado y al MSM con la protesta de la COB, tanto para
descalificar al ente sindical, cuanto para continuar con la labor gubernamental
de persecución política”.
Camacho calificó
de “sorpresiva y extraña” la reactivación del juicio, ya que después de que el
Contralor General del Estado y ex diputado del MAS Gabriel Herbas presentó una
denuncia “inconsistente y con fines político-persecutorios” contra Del Granado,
el 20 de diciembre de 2010, la misma estuvo paralizada dos años y cuatro meses, luego de que Del Granado desvirtuara completa y públicamente la sindicación de contratos lesivos al Estado. Sus abogados defensores presentaron documentos de descargo que demuestran que Juan actuó en el marco de la Ley.
“Los actos por los que de manera ilegal se me está investigando, aquellos que tienen directa vinculación con la construcción de los Puentes Trillizos, son actos expresamente respaldados y autorizados no solamente por el Concejo Municipal, sino por el propio gobierno nacional”, alegó Juan Del Granado.
Juan y sus abogados demostraron que el crédito adicional por cinco millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), solicitado por el municipio de La Paz para la conclusión de los Puentes Trillizos (debido a la elevación de los precios de los materiales de construcción, sobre todo del acero), contó con el aval y aprobación del gobierno de Evo Morales mediante el Decreto Supremo 0351 del 4 de noviembre de 2009 y la Ley 4147 promulgada por el Presidente Morales el 31 de diciembre de 2009.
En ese entonces, Juan le dijo a la fiscal a cargo del caso Puentes Trillizos Magaly González que “si se trata de sindicar a Juan Del Granado también deben ser investigados Evo Morales, Álvaro García Linera, la ministra de Planificación Viviana Caro y el Ministro de Economía y Finanzas Luis Arce Catacora, quienes aprobaron cada uno de los informes que son la base del crédito y que al mismo tiempo son la base de la falsa acusación del Contralor”.
El 7 de agosto
de 2013, el vocero
oficial del MSM Edwin Herrera denunció que en solo dos semanas Juan Del Granado
fue citado cuatro veces por el caso de la construcción de los Puentes Trillizos,
el 25 y 30 de julio, el 5 de agosto y la última el 8 de agosto. “Cuatro
citaciones en dos semanas solamente puede tener un ribete netamente político
que tiene por objetivo evitar el avance del Movimiento Sin Miedo y evitar una
posible candidatura del compañero Juan Del Granado”, remarcó.
“Luego de recibir el caso de Del Granado, he leído el informe de auditoría que me presentó como indicio probatorio el ex contralor Gabriel Herbas, que de acuerdo a la Ley 1178 tiene calidad de prueba pre constituida. El informe estaba mal hecho y tenía un error de fondo grave: se olvidaron de citar el Decreto Supremo 0351 y la Ley 4147 a través de los cuales nuestro gabinete ministerial y el propio Presidente autorizan el traspaso de fondos para que Juan Del Granado pague el sobrecosto por la construcción de los Puentes Trillizos”, reveló Mollinedo, actualmente preso en la cárcel de Palmasola por su presunta vinculación con la Red de Extorsión y Corrupción descubierta en altas esferas del Poder Ejecutivo.
El ex fiscal Mollinedo recomendó al ex Contralor Herbas que reconsidere su demanda tomando en cuenta el decreto y la ley que autorizaron el crédito adicional para la construcción de la obra vial, y suspendió la declaración de Del Granado “porque no teníamos ese elemento importante que deberíamos analizar como fiscales. Sin embargo, seguían presionándome, pero no me daban los insumos para imputar o detener a Del Granado”.
“Recibí presiones de (la ministra de Transparencia Nardi) Suxo, del (actual procurador Héctor) Arce y del propio contralor general (Gabriel Herbas) para detener a Del Granado. Y ahora me procesan por incumplir mi deber que supuestamente era detener a este señor; es decir por no querer hacer lo que ellos me mandaban porque no era correcto”, confesó Mollinedo el 13 de mayo de 2014 a los miembros de una comisión parlamentaria conformada para investigar los mecanismos de injerencia y manipulación del Órgano Judicial y el Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.
En una entrevista con periodistas de Fides TV, Del Granado reveló que "casi lo destituyen al Contralor, ese crudo militante del MAS no se dio cuenta que el crédito de cuatro millones de dólares adicionales (para pagar sobrecostos de la obra) por la disparada del precio del acero ante la demanda de la China, me lo financió Evo Morales... tuve que rendir todos los informes económicos y a partir de ello su gabinete y los 130 parlamentarios me aprobaron el crédito. Por eso le dije al Fiscal que si Juan mató Evo le dio la pistola".
El caso de los Puentes Trillizos demuestra de manera fehaciente que los gobernantes bolivianos no solo son mentirosos, sino también candidatos tramposos, prorroguistas y cobardes, porque le tienen miedo a la confrontación democrática de ideas y se escudan en triquiñuelas judiciales para anular políticamente al candidato a la presidencia de los Sin Miedo Juan Del Granado.
Juan Del
Granado enfrenta más de 10 procesos judiciales activados por el MAS
Desde que el gobierno del MAS iniciara acciones de persecución política en
contra del Movimiento Sin Miedo, su líder y ex alcalde de La Paz Juan Del
Granado enfrenta 11 procesos judiciales promovidos por diferentes
reparticiones gubernamentales y dirigentes vinculados al oficialismo.
El juicio por los
Puentes Trillizos es el que más impacto político ha tenido, pero Juan enfrenta otros procesos, entre ellos dos juicios por desacato promovidos por dos exgerentes de la Administradora Boliviana de
Carreteras José Sánchez Gómez Cuquerella y Patricia Ballivián. En el primero,
la fiscal asignada aún no emitió la citación para recepcionar la declaración
informativa correspondiente y en el segundo, el fiscal departamental José Ángel
Ponce asegura que el caso no se encuentra en su despacho.
Del Granado
fue acusado también por la viceministra de Transparencia Gabriela Veizaga y
Guillermo Málaga, dirigente vecinal y militante MAS, por supuesto incumplimiento
de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y uso indebido
de influencias, en relación a la construcción del mercado La Bolita. En ambos
casos se presentó declaración informativa.
Los mismos
denunciantes interpusieron otras dos querellas. Veizaga acusa de malversación,
incumplimiento de deberes y conducta antieconómica al ex alcalde paceño por la
construcción del edificio de la Empresa Municipal de Áreas Verdes (Emaverde).
Luego de haberse presentado la declaración informativa y efectuada la
inspección a la infraestructura, la defensa presentó un memorial de rechazo de
denuncia, aunque el fiscal, asignado en primera instancia, se excusó y la
reasignación de nuevo fiscal está pendiente.
Por su
parte, Málaga sindica a Del Granado de peculado, peculado culposo,
malversación, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en
razón del cargo, negociaciones incompatibles, resoluciones contrarias a la
Constitución e incumplimiento de deberes por varias obras municipales. En este
proceso, la exautoridad municipal ha prestado declaración informativa.
El
militante del MAS Alejandro Goytia acusó al ex alcalde de incumplimiento de deberes,
contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública y uso indebido de
influencias por temas de Alpacoma en 2010. A la fecha,
el proceso se encuentra sin fiscal.
El ex funcionario
municipal vinculado al MAS Juan Oña Meza denunció a la ex autoridad edil de
daño económico al Estado. Según la defensa, la denuncia no ha sido promovida
oficialmente por el Ministerio Público debido a que presenta directa relación
con otras denuncias relacionadas a la construcción de los Puentes Trillizos,
avenida Buenos Aires, mercado La Bolita y otros.
Otro caso es la
querella de Marco Antonio Ríos Bravo por contratos lesivos al Estado, peligro
de estratos y daño simple y calificado en relación a los Puentes Trillizos. En
este proceso, los abogados defensores de Del Granado presentaron un memorial
denunciando el abandono de la causa y el doble juzgamiento.
Finalmente, Del Granado enfrenta un juicio
por desobediencia a resoluciones de amparo constitucional y Hábeas
Corpus, concusión, exacciones, estafa agravada, perturbación de posesión,
resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes por el
playón de Irpavi.