Quienes suscribimos esta declaración no estamos de acuerdo con la reelección por un cuarto periodo consecutivo del actual binomio presidencial. Hay profundas razones éticas, históricas, jurídicas y políticas para rechazar la modificación de la Constitución –por segunda vez– con ese solo propósito.
Hace apenas dos años, el gobierno modificó la CPE con el mismo objetivo, mediante una cuestionada Ley de Aplicación Normativa que le permitió reelegirse en 2014. Y ahora se apresta a prorrogarse en el poder –de 14 a 19 años– siguiendo el camino elegido por la mayoría de las autocracias del ALBA, que niegan a generaciones de ciudadanos el derecho a una renovación democrática.
Por ello, no basta con oponerse a esta decisión arbitraria, sino que es necesario promover un cambio del proceso político, social y económico impuesto por el MAS, caracterizado por el desconocimiento sistemático de las leyes y de los derechos reconocidos por la Constitución, el derroche económico y la depredación ambiental, el avasallamiento de la justicia y la corrupción generalizada. No es admisible que ese sea el precio de la equidad y la inclusión social por el que luchamos los bolivianos y bolivianas.
Lo que está en juego en el referéndum de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Aquí y ahora, el NO por el que nos movilizamos es propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (N.O.) para la democracia, el medio ambiente y la justicia. Y es, asimismo, un NO rotundo a la corrupción, la inseguridad ciudadana, la impostura ideológica y el narcotráfico.
1. Una Nueva Oportunidad para la democracia, el Estado de Derecho, la libertad política y de información
Nuestro país necesita una Asamblea Legislativa independiente que recupere su cualidad de órgano depositario de la soberanía popular, con iniciativa legislativa propia, que fiscalice a los poderes públicos y que cumpla con su mandato de elegir a las autoridades de instituciones públicas como la Contraloría o YPFB, controladas desde hace una década por interinatos partidarios.
Requerimos un sistema político democrático conformado por organizaciones que rindan cuenta de sus actos. El Estado tiene la responsabilidad de crear las mejores condiciones para que la ciudadanía esté organizada y representada políticamente de modo efectivamente plural en términos territoriales y sociales. En lugar de ello, hoy tenemos un “instrumento político” despótico conformado por las corporaciones y gremios privados agrupados en el MAS, que se ha ocupado sistemáticamente de recortar el derecho a la asociación y representación política de sus “enemigos” suprimiendo el financiamiento estatal de los partidos políticos y persiguiendo judicialmente a los candidatos de la oposición; un “instrumento político” que ha cooptado prebendalmente o dividido a las organizaciones obreras, campesinas e indígenas y ha convertido a los funcionarios públicos en militantes suyos. La opción por la que luchamosabre una nueva oportunidad para que los partidos y las organizaciones sociales recuperen su autonomía, se democraticen internamente, promuevan liderazgos alternativos y se renueven programáticamente.
Bolivia precisa tener un órgano electoral independiente y profesional como el que en 2005 permitió la primera victoria del MAS en las urnas. Una vez en el poder, el gobierno de Evo Morales degradó a los tribunales electorales mediante la selección de vocales por cuoteo sindical y manipulación parlamentaria, creó un padrón secreto que no guarda relación con los datos del Censo y aprobó una Ley electoral que restringe la libertad de información y participación política. El TSE cohonestó la amañada “consulta previa” en el TIPNIS, dio por buenos los resultados de la elección judicial en la que los votos nulos y blancos superaron a los votos válidos y sacó de competencia a las agrupaciones opositoras (Beni) o alteró los resultados electorales (Chuquisaca). Es bajo esas reglas electorales que el gobierno ha convocado al referéndum de febrero.
Asimismo, la democracia boliviana necesita una justicia constitucional competente que no esté subordinada a las instrucciones del gobierno. El MAS se ocupó primero de anular al Tribunal Constitucional para controlar la Asamblea Constituyente y luego hizo elegir a nuevas autoridades por cuoteo de facciones partidarias-corporativas, que han demostrado reiteradamente su obsecuencia política al régimen al que sirven. Sin un Tribunal Constitucional independiente no hay Estado de derecho.
La democracia requiere igualmente la existencia de medios de información plurales y que reciban un trato igualitario en la pauta de publicidad estatal. No es tolerable la asfixia económica y la extorsión impositiva a los medios independientes y el amedrentamiento a los periodistas profesionales que se ha convertido en norma bajo el actual gobierno.
El cambio que propugnamos implica el paso de la autocracia populista instaurada por el MAS a un régimen democrático que garantice el respeto de los derechos constitucionales, incluyendo el derecho a elegir a otros gobernantes al término de su mandato. Es decir, el paso del despotismo corporativo a un Estado social de derecho, que es una de las asignaturas pendientes de la construcción democrática en nuestro país.
2. Una Nueva Oportunidad para una economía ambientalmente sustentable, con justicia y equidad social
En un contexto de cambio climático y crisis ambiental de alcance global requerimos un nuevo sistema de producción y consumo sostenible, que no destruya la base vital de la que dependemos y que apueste por una matriz energética con tecnologías limpias y renovables, en lugar del extractivismo desenfrenado que promueve el gobierno con los subsidios a la minería cooperativista y los incentivos a las petroleras transnacionales, financiados con la reducción del IDH de las Gobernaciones, Alcaldías y Universidades.
Es necesario acabar con el tradicional patrón primario exportador que altera los frágiles equilibrios ambientales en extensas zonas de Bolivia. Las carreteras destinadas a ampliar la frontera agrícola para los cultivos de exportación y sus derivados (soya y coca), que destruirían nuestros bosques favoreciendo la concentración latifundista; las mega-represas que inundarían áreas protegidas; la irresponsable apuesta por la energía nuclear; la apertura irrestricta para la exploración petrolera en los parques naturales y territorios indígenas; todo ello configura un modelo de “crecimiento” ambientalmente insostenible y tecnológicamente retrógrado.
Por el contrario, Bolivia requiere un programa económico acorde a los desafíos del siglo XXI, que sea adecuado a los límites biofísicos de los ecosistemas y democráticamente consensuado, en lugar de la “Agenda Patriótica” aprobada unilateralmente por el MAS, que se limita al catálogo desarrollista del siglo pasado y cuyo financiamiento depende cada vez más de la deuda externa. Paradójicamente, el MAS promueve hoy –en un giro neoliberal evidente– la progresiva desnacionalización de la economía, entregando los sectores estratégicos al capitalismo más despótico y ambientalmente más depredador.
El futuro de la economía boliviana debe ser el de la justicia y la equidad social, no el de las prebendas estatales destinadas a crear clientelas electorales. La lucha por la equidad y la justicia social también merecen una nueva oportunidad frente a la deriva populista de la administración del MAS. Es imprescindible una política redistributiva sostenible, articulada al crecimiento diversificado de la productividad y de los conocimientos, que reduzca la informalidad e ilegalidad de amplios sectores de la economía popular.
3. Una Nueva Oportunidad para la justicia, la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos
Bolivia necesita con urgencia un órgano judicial independiente conformado por los mejores profesionales, a los que el Estado les garantice los recursos financieros y técnicos para administrar de manera eficiente la justicia, ejercer el control sobre las cárceles hoy “autogobernadas” por poderosas mafias y generar seguridad ciudadana. La reforma de la justicia es inseparable de la reforma de la fiscalía y de la Policía, convertidas en operadoras del crimen organizado.
Nunca la administración de justicia fue tan ineficiente, corrupta y sometida a los designios del órgano Ejecutivo. El propio gobierno reconoce que la justicia está en manos de redes de extorsión que impiden el debido proceso, el castigo de los culpables y el sobreseimiento de los inocentes. Y esa es una de las razones por las que no se puede asegurar la vigencia de los derechos humanos: sin una justicia independiente e idónea no hay garantía para el cumplimiento del amplio catálogo de derechos reconocidos por la Constitución.
Más importante que la reforma de la Constitución para la tercera reelección de Morales Ayma y García Linera, es el cambio en el sistema de elección de las autoridades judiciales y la ampliación de las competencias de los gobiernos autónomos para la administración de justicia y la seguridad ciudadana. La elección por voto popular de magistrados en 2011 no ha hecho sino empeorar el desempeño de la justicia, convirtiendo a los Tribunales en arena de disputas personales y gremiales. Está claro que no hay posibilidad alguna de reformar el órgano judicial bajo la conducción de aquellos que aspiran a beneficiarse indefinidamente de la impunidad.
Ciudadanos y ciudadanas: en la larga década del gobierno del MAS, la corrupción y el narcotráfico han echado raíces como parte estructural de un régimen políticamente despótico y ambientalmente depredador, que quisiera ver canceladas todas las libertades políticas y de información que lo cuestionan. Pero la esperanza y la alegría de un NO que se sabe luchando por una Nueva Oportunidad para el país ha de limpiar con un torrente de agua fresca y cristalina el espíritu de prepotencia y corrupción con el que se ha gobernado estos años.
NO es una Nueva Oportunidad para la esperanza
Lo que está en juego en el referéndum de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Aquí y ahora, el NO por el que nos movilizamos es propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (N.O.) para la democracia, el medio ambiente y la justicia.
• Una Nueva Oportunidad para la democracia, el Estado de Derecho, la libertad política y de información
• Una Nueva Oportunidad para una economía ambientalmente sustentable, con justicia y equidad social
• Una Nueva Oportunidad para la justicia, la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos
La opción por la que luchamos abre una nueva oportunidad para que los partidos y las organizaciones sociales recuperen su autonomía, se democraticen internamente, promuevan liderazgos alternativos y se renueven programáticamente. La esperanza y la alegría de un NO que se sabe luchando por una Nueva Oportunidad para el país ha de limpiar con un torrente de agua fresca y cristalina el espíritu de prepotencia y corrupción con el que se ha gobernado estos años. Por ello, el NO es también una nueva oportunidad para la esperanza.
Firman:
Jéssica Paola Aguirre Melgar, Carlos Alborta Rivero, Carlos Alcalá Ordoñez, Jaime Alcocer Rojas,
José Luis Antezana, Christian Andrés Aramayo Arce, Gloria Ardaya Salinas, Helga Isabel Ardaya Salinas,
Renzo Abruzzese Antezana, Marta Ávila Varón, María Eugenia Ayala Guzmán, Juan Carlos Balderas Gamarra, Carlos Eduardo Balderrama Mariscal, Florencia Ballivián de Romero,
Demetrio Barrientos, Silvia Barrón Rendón, Juan Benavidez Ayala, Durby Andrea Blanco Bravo, Erika Brockman Quiroga, Edgar Cadima Garzón, Hernando Calla Ortega, Ricardo Calla Ortega, Juana Calle Apata, María Teresa Castro Camacho, Jenny Cárdenas Villanueva, Elena Carreño Lora, Roger Carvajal Saravia, René Centellas Colmenar, Jorge Centellas Quezada, Ninfa Condori Ramírez, Rosángela Conitzer Bedregal, Marcelo Delgadillo Pereira, Gisela Derpic Salazar, Florencia Durán Jordán, Filemón Escóbar, Cesar Escóbar Vásquez, Jaime Fernández Negrete, Celia Ferrufino Quiroga, Olga Flores Bedregal, Vicenta Guzmán Lara, Loyola Guzmán Melgar, Juan Carlos Guzmán Salinas, Antonio José Guzmán Sandoval, William Herrera Añez, José Luis Laguna Quiroga, Saúl Lara Torrico, Toribia Lero Quispe, María Luz León, Jorge Lazarte Rojas, Clara López Beltrán Guillermo Marca Marca, Guillermo Mariaca Iturri, René Antonio Mayorga Zegarra, Lía Andrea Medina Moscoso, Ximena Medinacelli González, Lucio Méndez Gamarra, Imelda Méndez, Pilar Mendieta Parada, Victoria Mendoza Lafuente, Wilma Mendoza Miro, Lía Moscoso Medina, Ian Sergio Miranda Sánchez, Hugo Nagashiro Kuajara, Guadalupe Navarro Calderón, Emilio Noza Yuco, José Nuñez del Prado, Elena Ortiz Antúnez, Celso Padilla Mercado, Jorge Patón Valdez, Norka Paz Rodo, Sarela Paz Patiño, Liberto Peredo Montaño, Josiane Perillat, Juan Carlos Pimentel Castillo, Ana Rebeca Prada Madrid, Eduardo Quintanilla Ballivián, José Antonio Quiroga Trigo, Cecilia Requena Zárate, Virginia Ruiz Pardo, Adelaida Rocha Noza, Gualberto Rodríguez San Martín, Luis Rojas Vaca, Marlene Royo Aguirre, Daly Cristina Santa María Aguirre, Ana María Seoane de Capra, Ramiro Soriano Arce, Gustavo Soto Santiesteban, Rosa Tamayo Suárez, Juan Eddy Terrazas Torrico, Leonor Martha Ugarte, Carlos Urquizo Huici, Manuel Vargas Severiche, Manolo Velásquez Carreño, Elio Anderson Vera García, Daniela Vidal Durán, Arturo D. Villanueva Imaña, Zulma Villegas Gómez, Crista Weise Vargas, Fabian Yaksik Feraudy, Pablo Zavaleta Reyles.
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