(Roger Cortez Hurtado) Perder en las ciudades mayores, en un país con cerca al 80% de población urbana, no es irrelevante, por mucho que se esfuercen los magos oficiales en tratar de disminuir el hecho; peor aún, con la pesada derrota en el departamento de La Paz.
El central e inequívoco significado de tal resultado es una categórica reafirmación de la independencia de criterio de los electores, que no cabe confundir o mezclar como el “nacimiento de un nuevo sistema de partidos”, como algunos lo proclaman.
En 2010 los masistas retrocedieron un millón de votos en las elecciones subnacionales y en 2005, el mismo día en que se eligió presidente y prefectos, registraron 30% menos de adherentes en el espacio departamental respecto al nacional; pero, en 2009 y 2014 ampliaron su ventaja sobre sus contendientes.
La suma de victorias regionales no configura, ni augura – por sí y automáticamente- una victoria nacional del mosaico opositor. Después de estas elecciones todavía sigue existiendo un solo partido de alcance nacional.
Su dura caída trae una severa advertencia de que la relación de fuerzas general tiende a volcarse, al amparo de las tendencias a una disminución de los ingresos nacionales y recursos disponibles y a la multiplicación de peleas internas del oficialismo. Estas disputas no se refieren, solo ni principalmente, a luchas dentro del partido de gobierno, sino a los choques entre y con organizaciones sociales y corporativas, que el MAS ha alentado, mediante la confrontación directa o el reclutamiento de dirigentes, usando los recursos de organismos como el Fondo Campesino, la cesión de cuotas en listas electivas y en la designación de funcionarios.
Sin embargo, aun cuando las manifestaciones de descomposición se extiendan, las querellas de aparato se multipliquen y profundicen y el cerco de presiones corporativas, al lado de reivindicaciones sectoriales y regionales, crezcan notablemente, todo ello no resuelve el vacío de un proyecto nacional, referenciado en el proceso constituyente, que desafíe y derrote a los que han conseguido la mayor suma y concentración de poder desde el inicio de la república.
La agregación de mezquindades exhibidas por los partidos opositores en las elecciones últimas, tanto como en las anteriores, anuncia lo lejana que está la transformación de esas estructuras, tan verticales, autoritarias, sectarias y discriminadoras como el partido gobernante. Todas exhiben un sistema seguro de promoción de los cuadros e individuos más acomodaticios, acríticos, - dóciles con los poderosos y feroces con los vulnerables- y maleables, como de desaliento a quienes piensan con cabeza propia.
Curiosamente, el único cadáver conocido de estas elecciones -me refiero al sumiso Tribunal Electoral- ha dejado una pista de cómo puede estimularse y acelerarse un verdadero cambio del sistema de partidos.
Después de usurpar funciones legislativas, al excluir a candidatos opositores que fueron legisladores, el TSE aplicó ciega y unilateralmente la cancelación de personería a quienes publicaron una encuesta, cerrando los ojos ante la misma infracción cometida por el MAS y calló en todos los idiomas ante un delito electoral y democrático mayúsculo, cual es la intimidación de millones de electores, amenazados con el corte de recursos públicos si apoyaban a opositores. La unilateralidad del obsecuente tribunal ha liquidado su credibilidad y confiabilidad, pero, recordemos que el espacio político es el único donde se comprueba la existencia y movilidad de muertos-vivientes.
Lo rescatable de tal experiencia es que señala el camino para sancionar integralmente a los partidos, como instituciones que ejercen el privilegio de seleccionar y postular gobernantes, con la obligación de seleccionar a los mejores.
No basta ciertamente el voto: la respuesta es cancelarles la personería, cuando sus militantes resulten probadamente culpables de desviar, malgastar o apropiarse de recursos públicos, y/o de emplear el poder público en favor de personas o grupos. Esa responsabilidad no debe quedar en manos de cualquier tribunal, sino que debe devolverse a la sociedad, por la vía del control social, que necesita complementarse con el rescate y recuperación autonómica de los hoy secuestradas organizaciones sociales.
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